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OTRA VEZ EL GOBIERNO DE PIÑERA.

Años atrás, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, me tocó ser testigo de uno de los chantajes más burdos de la historia de nuestro país.

Un grupo de “comuneros mapuches” empezaba a realizar una huelga de hambre que terminaría por socavar la ley anti-terrorista, ya que el gobierno de la época cedería a las presiones y eliminaría los delitos de incendio, como también eliminaría la presunción como medio de prueba para determinar si hubo intención o no de cometer el acto de terrorismo.

En ese entonces, un grupo de diputados le hicimos ver al gobierno la inconveniencia de modificar la ley porque estábamos convencidos que era una pésima señal, ya que estaban siendo chantajeados por delincuentes condenados por delitos terroristas, lo que provocaría quedar a merced de estos grupos.

Lamentablemente, el gobierno no entendió y en el parlamento se aprobó la modificación con los votos en contra sólo de tres parlamentarios de la época; Memo Barros, Ignacio Urrutia y quien les habla. El resto de Chile Vamos votó a favor.

Muchos se preguntarán por qué quise partir la columna recordando este episodio y es muy simple, porque el tiempo nos dió la razón.

Celestino Córdoba no fue sentenciado por delito terrorista, sólo por el delito de incendio con resultado de muerte, evitando una pena de presidio perpetuo calificado si se hubiera aplicado la ley anti-terrorista. Ley que modificó el presidente Piñera con la complicidad de los parlamentarios de centro derecha que cedieron a las presiones del gobierno.

No sólo se repitió en este caso, sino que en muchos más ya que al eliminar el delito de incendio de la ley anti-terrorista, proliferaron los delitos de incendio, y al individualizar a los responsables, eran condenados a penas bajísimas, muchas de ellas con penas remitidas y en otros casos sin condena.

La historia no se puede borrar y la centro derecha debe asumir la responsabilidad, el gobierno de la época debe hacer un mea culpa y el presidente Piñera debe reconocer que ese error hoy le está costando carísimo al país. Tanto así, que hoy cometer delitos de incendio, agredir a las policías, atentar contra la institucionalidad del país, es gratis y todo gracias a Larroulet (en ese entonces Ministro Secretario de la Presidencia y uno de los impulsores de la reforma) y al presidente Piñera que cedieron a las presiones de los grupos extremistas que operaban en La Araucanía.

Cometiendo los mismos errores del pasado, hoy nuevamente vemos al gobierno negociando con un extremista. Un criminal que ha cometido uno de los delitos más sangrientos de la última década, responsable de una serie de atentados contra pequeños agricultores.

¿Hasta cuando el Gobierno seguirá cometiendo los mismos errores del pasado? ¿Por qué el gobierno se empeña en negociar con grupos terroristas? ¿Qué pasa con las victimas de los atentados?

Son algunas preguntas que debemos exigir al gobierno y que debe responder, en especial cuando hablamos de las víctimas.

No basta con declaraciones políticamente correctas sino hay hechos concretos que demuestren una preocupación por las víctimas del terrorísmo y cuando hablo de víctimas no sólo es el gremio de los camioneros, sino que también de los cientos de agricultores que día a día deben lidiar con estos grupos y los pequeños parceleros que sufren el abandono de las autoridades porque son gente de esfuerzo que no salen a la calle a protestar.

Lamentablemente si el gobierno no actúa con valentía y coraje para enfrentar a estos grupos y persiste en victimizar a los criminales, este país terminará en un conflicto político-social que destruirá las bases de nuestro sistema democrático.

Por todo lo anterior, es fundamental que se modifique la forma de proceder y se aplique una estrategia que sea una contribución real para avanzar en resolver un conflicto que se ha eternizado producto de la incapacidad del Estado para tener una respuesta efectiva a las demandas del Pueblo Mapuche, y por otro lado, se aplique la norma de todos los países desarrollados que han sido victimas del terrorismo, “no se negocia con terroristas” y se endurezcan las penas para que este tipo de organizaciones sean duramente sancionadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Hasbún S.